Recientemente, ha surgido una polémica ciertamente absurda entorno a los conocimientos del presidente del gobierno sobre el precio de un café. Sin embargo, esta vez el Presidente tiene razón. Es muy posible que se pueda tomar café de calidad muy similar desde cincuenta céntimos a varios euros. Por tanto, 80 céntimos es una respuesta razonable. De hecho, en la máquina del vestíbulo de la Facultad cuesta 30 céntimos, en la máquina de la zona de despachos 50 (calidad ligeramente más alta) y en la cafetería más próxima a la Facultad 90 céntimos. En este último caso, por el mismo precio se puede disfrutar de los efluvios del tabaco teóricamente prohibido por la ley y del humo de la cocina.
Es conveniente darse cuenta de que el ciudadano no le preguntó cuál era el precio más frecuente del café. Si esa fuese la pregunta, la respuesta que le deberían haber preparado sus asesores es esta:
El presidente del gobierno no puede tomar cafés a lo largo y ancho del territorio que gobierna y apuntar el precio en una libreta. Esta labor la hacen encuestadores muy cualificados del Instituto Nacional de Estadística. Otros técnicos cualificados analizan esta información para que sea posible tomar medidas de política económica adecuadas si fuese menester. Un resumen de esta información denominado ípece se facilita a los ciudadanos mensualmente en el telediario de las tres de la tarde y en otros medios de comunicación.
Una vez dicho esto, la polémica me da píe para hablar de economía. La variabilidad espacial del precio del café no depende, obviamente, del coste de los granos del café o del agua. Depende de la localización de la cafetería. Por muy diversas razones los consumidores están dispuestos a pagar cantidades diferentes en cafeterías localizadas en distintos lugares. Unas están al lado del mar con vistas maravillosas, otras en edificios notables, otras en locales inmundos donde se mezcla el humo del tabaco con las frituras hechas con aceite de tranvía. Básicamente, se puede abrir una cafetería en casi cualquier sitio. Por esta razón hay un rango bastante amplio de precios y, en general, pocas quejas sobre la carestía o escasez de lugares para tomar café.
Ahora es el momento de jugar un poco. Imaginemos una nueva normativa que regule la venta de café reduciendo los lugares en la ciudad de León y provincia en que se puede tomar café al Hostal de San Marcos, Hotel Quindós y Fornos. Por supuesto, no puedo hacer una predicción cuantitativa sobre el efecto en los precios de esta medida pero la predicción cualitativa es clara: subirían escandalosamente. Es razonable calificar de iluminado a quien proponga esta normativa. Pero lo más importante es pensar en qué dirían los dueños de estos establecimientos si intentásemos quitarla cuando ya existe.
Este resultado es interesante porque hay un bien probablemente más importante que el café con problemas similares: la vivienda. Los ladrillos, el cemento y las vigas tienen un coste relativamente moderado y prácticamente igual en todas partes. Sin embargo, se pueden encontrar viviendas muy parecidas en distintas localizaciones a precios dramáticamente distintos. Es decir, de nuevo la localización es la clave que explica el precio.
La legislación restrictiva sobre la apertura de cafeterías creaba un problema de escasez y precio elevado donde nunca lo hubo. Por tanto, dadas las similitudes, no es una hipótesis descabellada atribuir el alto precio de la vivienda a una legislación que restringe la localización. La pregunta lógica es: ¿Por qué no se modifica esa legislación?
Es conveniente darse cuenta de que el ciudadano no le preguntó cuál era el precio más frecuente del café. Si esa fuese la pregunta, la respuesta que le deberían haber preparado sus asesores es esta:
El presidente del gobierno no puede tomar cafés a lo largo y ancho del territorio que gobierna y apuntar el precio en una libreta. Esta labor la hacen encuestadores muy cualificados del Instituto Nacional de Estadística. Otros técnicos cualificados analizan esta información para que sea posible tomar medidas de política económica adecuadas si fuese menester. Un resumen de esta información denominado ípece se facilita a los ciudadanos mensualmente en el telediario de las tres de la tarde y en otros medios de comunicación.
Una vez dicho esto, la polémica me da píe para hablar de economía. La variabilidad espacial del precio del café no depende, obviamente, del coste de los granos del café o del agua. Depende de la localización de la cafetería. Por muy diversas razones los consumidores están dispuestos a pagar cantidades diferentes en cafeterías localizadas en distintos lugares. Unas están al lado del mar con vistas maravillosas, otras en edificios notables, otras en locales inmundos donde se mezcla el humo del tabaco con las frituras hechas con aceite de tranvía. Básicamente, se puede abrir una cafetería en casi cualquier sitio. Por esta razón hay un rango bastante amplio de precios y, en general, pocas quejas sobre la carestía o escasez de lugares para tomar café.
Ahora es el momento de jugar un poco. Imaginemos una nueva normativa que regule la venta de café reduciendo los lugares en la ciudad de León y provincia en que se puede tomar café al Hostal de San Marcos, Hotel Quindós y Fornos. Por supuesto, no puedo hacer una predicción cuantitativa sobre el efecto en los precios de esta medida pero la predicción cualitativa es clara: subirían escandalosamente. Es razonable calificar de iluminado a quien proponga esta normativa. Pero lo más importante es pensar en qué dirían los dueños de estos establecimientos si intentásemos quitarla cuando ya existe.
Este resultado es interesante porque hay un bien probablemente más importante que el café con problemas similares: la vivienda. Los ladrillos, el cemento y las vigas tienen un coste relativamente moderado y prácticamente igual en todas partes. Sin embargo, se pueden encontrar viviendas muy parecidas en distintas localizaciones a precios dramáticamente distintos. Es decir, de nuevo la localización es la clave que explica el precio.
La legislación restrictiva sobre la apertura de cafeterías creaba un problema de escasez y precio elevado donde nunca lo hubo. Por tanto, dadas las similitudes, no es una hipótesis descabellada atribuir el alto precio de la vivienda a una legislación que restringe la localización. La pregunta lógica es: ¿Por qué no se modifica esa legislación?
