Penas está privatizando la ULE

TRIBUNA. El Diario de León. 13 de Marzo de 2007.

SECCIÓN SINDICAL COMISIONES OBRERAS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN


EL RECTOR de la Universidad de León, en el último año que le queda al frente del equipo de gobierno de esta Universidad, ha emprendido una política de privatización de buena parte de los servicios de esta Universidad. Esta política no es nueva, ya que a lo largo de los últimos seis años ha venido manteniendo esta misma línea. Pero ahora ha decidido profundizar en ello, o así lo ha expuesto al menos a los tres Secretarios Generales de los Sindicatos más representativos de la ULE en la reunión a la que fueron convocados el pasado 17 de enero.

La Universidad es un servicio público que pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Privatizar un servicio público supone introducir empresas privadas a gestionar sus servicios, lo cual implica que estas empresas quieran obtener un beneficio económico por un servicio que antes no tenía este «coste añadido». Coste añadido que sólo beneficia a los dueños o propietarios de esas empresas. No a todos. No olvidemos que lo público es de todos y lo privado sólo es de unos pocos.

El gran problema es que los beneficios económicos que esas empresas esperan obtener gestionando esos servicios no deben recaer en un aumento de los costes de los mismos para la propia Universidad, de lo cual se enorgullece el actual rector. ¡Nos sale más barato!, proclama a quien le quiera oír. Entonces ¿a costa de quién obtienen ese «plus» añadido de beneficios? Como nos podemos imaginar, por simple sentido común, se saca de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que contratan esas empresas: bajos salarios, precariedad de los empleos, ausencia de negociación colectiva, etcétera. De esta forma las empresas abaratan los servicios que prestan sin recortar sus beneficios. No hace falta más que revisar las condiciones laborales de los empleados y empleadas que tienen las empresas que gestionan actualmente determinados servicios en esta Universidad y que Penas conoce o debería conocer.

Sabiendo que a Penas le queda año y medio a Penas como rector, parece que ha decidido emprender una campaña, a sangre y fuego, profundizando en su política neoliberal de privatización al servicio de unos pocos.

Sin hablar de la denominada Fundación Empresa-Universidad (su nombre inicial era Universidad-Empresa), de la que prácticamente nadie es capaz de obtener información sobre su gestión, hay toda una serie de servicios que estos años han sido «externalizados» o «deslocalizados», como ahora se llama a la privatización y precarización para ser «políticamente correctos»: el servicio de mantenimiento, el servicio de transporte y conductores, el servicio de maquinaria de la imprenta, determinadas conserjerías, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), ciertos servicios de la Biblioteca Central (que se hacen mediante contratos mercantiles), etcétera.

Pero ahora «amenaza» con más de lo mismo y a un mayor nivel y profundidad. En la reunión mantenida con los Secretarios Generales informaba que su intención es privatizar también el futuro servicio de guardería, el gabinete de prensa, el hospital veterinario, poniendo estos como ejemplos, entre otros, de una línea que ya viene de lejos. La primera y gran privatización que hizo nuestro Rector, en su primer mandato, fue vender los terrenos públicos de la Universidad de León para edificar viviendas en el campus universitario. Lo cual ha hipotecado el futuro de la misma a medio y largo plazo, puesto que ya no le quedará recurso económico alguno en caso de necesidad ni espacio para una posible expansión de sus instalaciones. Sabemos que el Rector está preocupado ahora, cuando ya no queda más remedio, porque los pisos que se están construyendo (algunos a casi treinta metros de las Facultades por empresas que han hecho su «agosto» particular) nos van a dar «buena sombra».

En todo caso, ya se ha advertido desde Comisiones Obreras de la distancia que existe entre el equipo rectoral y los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, como un serio inconveniente para cualquier entendimiento. El actual clima de desconfianza motivada por la decepcionante actuación del equipo rectoral no es el mejor escenario para próximas negociaciones ni acuerdos, pues todo lo relativo a relaciones de puestos de trabajo y privatizaciones son materias contaminadas en esta Universidad por cuanto ha ocurrido en episodios anteriores.

Podríamos entender que, excepcionalmente, determinados servicios puedan ser desempeñados por empresas. Pero siempre y cuando la ULE salvaguarde y exija en los pliegos de condiciones del contrato no sólo un presupuesto ajustado, sino que la empresa contratada cumpla con la normativa laboral vigente de forma escrupulosa evitando contratos precarios, sueldos miserables, duplicidad de funciones, respeto a la salud laboral, etcétera. Y se comprometa a articular las medidas necesarias y efectivas para que esas empresas lo respeten.

Esto no sólo supondrá un beneficio para los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, sino para la propia Universidad de León y la coherencia entre sus principios de justicia, equidad, solidaridad, etcétera, que siempre proclama, y las prácticas reales que mantiene. Una enseñanza universitaria de calidad sólo es posible cuando el contexto en el que se desarrolla también es de calidad.

Recordaremos, finalmente, que lo privado es de unos pocos y lo público es de todos y todas. Queremos una ULE al servicio de toda la comunidad universitaria, que respete los derechos de todas las personas que en ella están desempeñando su labor y que promueva unos valores y unas prácticas en esta dirección.

Comentarios.
1. Queda mal repetir frases en los artículos.

2. Mis felicitaciones al Rector. No sabía que estaba privatizando servicios pero me parece una idea brillante. A ver cuando privatiza algún Departamento.

3. El “coste añadido” del beneficio que hay que pagar a las empresas privadas es invisible. De hecho, se contratan porque hacen lo mismo o más a menor coste.
4. Algunas de las razones para el ahorro en coste son la adecuada organización de las tareas, el uso de las técnicas adecuadas y la correcta supervisión. La ausencia de estas mismas características explica una parte del coste más alto en las instituciones públicas.
5. Las condiciones laborales deficientes no pueden ser una explicación para el ahorro en coste. De ese tema se ocupan los sindicatos con gran eficacia. De hecho, una parte no desdeñable de los impuestos de todos y todas se dedica a subvencionar a los sindicatos para que realicen, entre otras, esa importante tarea.
6.El Rector no puede ni debe supervisar las condiciones laborales de las empresas subcontratadas. Su labor consiste en intentar que se proporcione una enseñanza e investigación de calidad. Existen organismos e instituciones que se ocupan de este tema.
7. Ignoraba que la Universidad pregonaba los principios de justicia, equidad, solidaridad ¿etcétera? En cualquier caso, no puede aplicarlos en la solución de todos los problemas del mundo. Sería un objetivo loable si los emplease en sus tareas básicas: la enseñanza y la investigación,
8. Quiero una ULE al servicio de sus estudiantes y de la comunidad científica. No sé quien es la comunidad universitaria pero sospecho que sus intereses son contrarios a los estudiantes, los científicos y los contribuyentes.

Ferias de maestros

MANUEL CAMPA(*), La Nueva España, 3/1/2007

(*) Esta entrada del blog necesita una aclaración y merece un comentario.
La primera aclaración es que Manuel Campa y José Manuel Campa son dos personas distintas. Manuel Campa es el seudónimo de Manuel Fernández padre de Manuel Fernández Bagües. Este último es un profesor de la Universidad Carlos III, antiguo alumno que acude anualmente a dar una charla a mis alumnos.
El comentario es sobre la contratación de profesorado en nuestra universidad. Por supuesto, la Universidad de León no participa en este mercado ni tiene ningún interés en participar. De hecho, Jorge Rodríguez-Vález al que los alumnos consideran un gran profesor y la comunidad académica un prometedor economista no pudo continuar en la Universidad de León. Sin embargo, Jorge acudió a este mercado y unas semanas después recibió una oferta económicamente digna (no mileurista) de la Universidad de Oviedo.
El artículo de Manuel Campa permite comparar la preocupación por la calidad de la enseñanza de los pastores de los montes asturianos hace muchas décadas con la de la mayoría de las universidades españolas a día de hoy.

El artículo

Recientemente se celebró en Oviedo el simposio anual de la Asociación Española de Economistas. En el seno de dicha reunión la principal novedad ha sido la celebración del llamado «job market», patrocinado por la Asociación Europea de Economistas.
El objetivo del «job market» es poner en contacto a jóvenes doctores en búsqueda de trabajo con aquellas universidades que necesitan cubrir alguna vacante. Así, durante estos días, Oviedo contó con la presencia de cien jóvenes doctores en economía de las mejores universidades europeas (LSE, UCL, IUE, Pompeu Fabra...) y americanas (Columbia University, NYU, UCSD, Boston University, Cornell...), así como de representantes de quince universidades españolas.
Este tipo de reuniones suele seguir siempre un mismo ritual, de origen anglosajón: cada uno de los jóvenes doctores expone, durante 25 minutos, un trabajo ante la audiencia de los responsables universitarios. Posteriormente cada Universidad puede entrevistar a aquellos candidatos cuyos trabajos ha considerado de mayor interés. Si esta entrevista tiene éxito, el joven doctor será invitado a presentar un seminario en la Universidad interesada y a entrevistarse con los profesores del departamento. Este proceso puede culminar con la contratación final del joven doctor en la modalidad de «tenure track», es decir, por un período de 6 años, con la renovación condicionada a un número y calidad de publicaciones predeterminados. Este proceso de selección del profesorado procede de las universidades norteamericanas, lo cual prueba, una vez más, que, afortunadamente, USA no es sólo la gran potencia que invade Irak o que conforma en Florida el resultado de unas elecciones generales.
Curiosamente, a los asturianos, este procedimiento anglosajón de selección de los profesores nos recuerda, más que a nuestro mundo académico universitario, a algo bien distinto. Hace veinte años, por iniciativa de Juan Benito, fundador y presidente de Tribuna Ciudadana, se reeditó la parte correspondiente a Asturias del «Viaje por las escuelas de España», publicado por vez primera en 1926 por el periodista y escritor Luis Bello. A través de este gran libro llegó al conocimiento del gran público la existencia de la feria de maestros de Xera (Tineo), que cada año se celebraba coincidiendo con la feria de ganado de los Santos. Allí los representantes de pueblos y, sobre todo, de brañas sin escuela estatal se entrevistaban con los babianos aspirantes a «maestros», a quienes interrogaban sobre sus saberes y -como dicen actualmente los pedagogos- «destrezas». Además de leer, escribir y las cuatro reglas, una de las destrezas más valoradas era que el candidato a «maestro» supiera tocar el acordeón, para poder hacer baile en la braña a lo largo del invierno.

No debemos sorprendernos de que los métodos más avanzados de selección del profesorado seguidos en todo el mundo tengan un claro antecedente en el ámbito de los vaqueiros de alzada, un grupo humano, relativamente poco numeroso, que creó la mayor parte de nuestro folclore occidental asturiano y que, en sus coplas, realiza algunas de las críticas más radicales, de más ingenio y más rigurosas de cuantas se han hecho sobre la sociedad asturiana:

«Andouvieran en xusticia
hasta que al cabu amansaran
deixándulus bien palpaus
lus curiales de la L.luarca».

Inadecuada política económica

No nos vendría mal un cambio, de modo que el marco regulador garantizara la unidad de mercado

Blanca Sánchez-Robles, La Gaceta de los Negocios

Nos encontramos en uno de los momentos de la legislatura en que la confusión del ciudadano medio es mayor. Y la estupefacción de los ciudadanos ha alcanzado su máximo con la excarcelación de De Juana. Con tanto lío político se habla poco de economía. Rectifico: se habla mucho de determinadas cuestiones que ya comienzan a aburrir, como Endesa y sus opas o el Ibex y sus vaivenes, pero no de la situación económica general del país. Y es que parece que por obra de magia del brujo Harry Solbes todo lo económico va bien: el crecimiento, el empleo...

Es cierto que la complicada situación política no se corresponde con la aparentemente buena salud económica de nuestra economía. Pero no analizaré hoy este tema. La pregunta que me haré es si la política económica que sigue este Gobierno es la adecuada. Para empezar, y en contra de lo que opinan muchos, hay notables diferencias en la política económica diseñada por este Gabinete y por el anterior. Quizá las más destacadas se producen en el ámbito de la política fiscal y las reformas estructurales.

En el periodo 1996-2003 la presión fiscal aumentó aproximadamente 0.05%. Entre 2004 y 2006 el incremento de esta variable es de medio punto porcentual. Puede parecer pequeño, y lo es en términos absolutos, pero conlleva un cambio de tendencia respecto a la etapa anterior que no es, en absoluto, buen presagio. En el periodo 1996-2003 el gasto público como porcentaje del PIB se redujo en 7 puntos porcentuales. Otra tendencia que se rompe, porque en los dos años de la presente legislatura también aumenta ligeramente. Es natural. Aunque de momento el Gobierno está respetando el principio de déficit cero y conservando el superávit, es metafísicamente imposible que un Gobierno socialista —y con tantos sesgos dadivosos y populistas, como éste—no caiga en la tentación de implantar medidas presuntamente sociales a golpe de talonario. El capítulo de las reformas estructurales no es más esperanzador. Parece que la agenda de Lisboa ha caído en el olvido: no da la sensación de que se hayan liberalizado los sectores, sino más bien lo contrario. Las medidas tomadas en el campo de la vivienda se proponen, según parece, intervenir aún más un sector extremadamente regulado. La Ley del Suelo, aún en tramitación, intenta hacer más tortuosa la operativa de empresas que suponen casi el 20% del PIB español en la obtención de un recurso claramente estratégico para ellas. No es fácil abordar este tema, todos lo sabemos, pero una regla de oro de la economía es que si algo (como el mercado del suelo) no funciona bien porque está muy regulado, la solución idónea no pasa por regularlo más. La gestión de otros recursos o servicios vitales para empresas y consumidores, como el agua, las infraestructuras o la energía, sólo puede calificarse de lamentable. ¿Alguien sensato sigue creyendo en las desaladoras? ¿Por qué cuando llegas a una capital de provincia donde se esperaba el AVE hace años, y haces la consabida pregunta —para cuándo el AVE— te contestan con un encogimiento de hombros? ¿Quién recuerda — no ya en la historia de España, sino en la de la humanidad— un caso de intervencionismo estatal más inoportuno, desafortunado, tramposo, rastrero y críptico como el de este Gobierno en la OPA de Endesa? Críptico porque en el episodio 1 de la saga todavía se entendía —o se podía aventurar— algo del argumento: entra Gas Natural en Endesa a cambio del Estatut, por ejemplo, pero ¿ahora, qué le debemos a Prodi o a Berlusconi? ¿O es que para la operación de Autostrade merece la pena montar este lío? Y claro, estas veleidades populistas de nuestro Gobierno han pasado —y pasarán— factura. La convergencia real avanzó a un ritmo de más de 1,2 puntos porcentuales en el periodo 1996-2003; en los dos últimos años el ritmo medio de avance ha sido cercano al 0,3% (la cuarta parte).

Los salarios han sufrido una pérdida de poder adquisitivo entre 2004 y 2006 de 1,7 puntos; en la etapa anterior su valor adquisitivo se mantuvo. La productividad en relación con la UE —que tampoco es la zona más competitiva del mundo— se ha reducido. Si tomamos el nivel de 2003 como base 100, comprobamos que en 2006 la productividad está en el 96%.

Respondo a lo que preguntaba más arriba: la actual política económica no me parece adecuada. No nos vendría mal un cambio, de modo que el marco regulador garantizara la unidad de mercado y no fuera tan intervencionista, se controlaran más las ansias recaudatorias, se reformara el sector público... y tantas recetas mil veces pronunciadas y un millón escuchadas, que, sin embargo, nuestros gobernantes no sabes —o no quieren— poner en práctica.