No nos vendría mal un cambio, de modo que el marco regulador garantizara la unidad de mercado
Blanca Sánchez-Robles, La Gaceta de los Negocios
Nos encontramos en uno de los momentos de la legislatura en que la confusión del ciudadano medio es mayor. Y la estupefacción de los ciudadanos ha alcanzado su máximo con la excarcelación de De Juana. Con tanto lío político se habla poco de economía. Rectifico: se habla mucho de determinadas cuestiones que ya comienzan a aburrir, como Endesa y sus opas o el Ibex y sus vaivenes, pero no de la situación económica general del país. Y es que parece que por obra de magia del brujo Harry Solbes todo lo económico va bien: el crecimiento, el empleo...
Es cierto que la complicada situación política no se corresponde con la aparentemente buena salud económica de nuestra economía. Pero no analizaré hoy este tema. La pregunta que me haré es si la política económica que sigue este Gobierno es la adecuada. Para empezar, y en contra de lo que opinan muchos, hay notables diferencias en la política económica diseñada por este Gabinete y por el anterior. Quizá las más destacadas se producen en el ámbito de la política fiscal y las reformas estructurales.
En el periodo 1996-2003 la presión fiscal aumentó aproximadamente 0.05%. Entre 2004 y 2006 el incremento de esta variable es de medio punto porcentual. Puede parecer pequeño, y lo es en términos absolutos, pero conlleva un cambio de tendencia respecto a la etapa anterior que no es, en absoluto, buen presagio. En el periodo 1996-2003 el gasto público como porcentaje del PIB se redujo en 7 puntos porcentuales. Otra tendencia que se rompe, porque en los dos años de la presente legislatura también aumenta ligeramente. Es natural. Aunque de momento el Gobierno está respetando el principio de déficit cero y conservando el superávit, es metafísicamente imposible que un Gobierno socialista —y con tantos sesgos dadivosos y populistas, como éste—no caiga en la tentación de implantar medidas presuntamente sociales a golpe de talonario. El capítulo de las reformas estructurales no es más esperanzador. Parece que la agenda de Lisboa ha caído en el olvido: no da la sensación de que se hayan liberalizado los sectores, sino más bien lo contrario. Las medidas tomadas en el campo de la vivienda se proponen, según parece, intervenir aún más un sector extremadamente regulado. La Ley del Suelo, aún en tramitación, intenta hacer más tortuosa la operativa de empresas que suponen casi el 20% del PIB español en la obtención de un recurso claramente estratégico para ellas. No es fácil abordar este tema, todos lo sabemos, pero una regla de oro de la economía es que si algo (como el mercado del suelo) no funciona bien porque está muy regulado, la solución idónea no pasa por regularlo más. La gestión de otros recursos o servicios vitales para empresas y consumidores, como el agua, las infraestructuras o la energía, sólo puede calificarse de lamentable. ¿Alguien sensato sigue creyendo en las desaladoras? ¿Por qué cuando llegas a una capital de provincia donde se esperaba el AVE hace años, y haces la consabida pregunta —para cuándo el AVE— te contestan con un encogimiento de hombros? ¿Quién recuerda — no ya en la historia de España, sino en la de la humanidad— un caso de intervencionismo estatal más inoportuno, desafortunado, tramposo, rastrero y críptico como el de este Gobierno en la OPA de Endesa? Críptico porque en el episodio 1 de la saga todavía se entendía —o se podía aventurar— algo del argumento: entra Gas Natural en Endesa a cambio del Estatut, por ejemplo, pero ¿ahora, qué le debemos a Prodi o a Berlusconi? ¿O es que para la operación de Autostrade merece la pena montar este lío? Y claro, estas veleidades populistas de nuestro Gobierno han pasado —y pasarán— factura. La convergencia real avanzó a un ritmo de más de 1,2 puntos porcentuales en el periodo 1996-2003; en los dos últimos años el ritmo medio de avance ha sido cercano al 0,3% (la cuarta parte).
Los salarios han sufrido una pérdida de poder adquisitivo entre 2004 y 2006 de 1,7 puntos; en la etapa anterior su valor adquisitivo se mantuvo. La productividad en relación con la UE —que tampoco es la zona más competitiva del mundo— se ha reducido. Si tomamos el nivel de 2003 como base 100, comprobamos que en 2006 la productividad está en el 96%.
Respondo a lo que preguntaba más arriba: la actual política económica no me parece adecuada. No nos vendría mal un cambio, de modo que el marco regulador garantizara la unidad de mercado y no fuera tan intervencionista, se controlaran más las ansias recaudatorias, se reformara el sector público... y tantas recetas mil veces pronunciadas y un millón escuchadas, que, sin embargo, nuestros gobernantes no sabes —o no quieren— poner en práctica.
Blanca Sánchez-Robles, La Gaceta de los Negocios
Nos encontramos en uno de los momentos de la legislatura en que la confusión del ciudadano medio es mayor. Y la estupefacción de los ciudadanos ha alcanzado su máximo con la excarcelación de De Juana. Con tanto lío político se habla poco de economía. Rectifico: se habla mucho de determinadas cuestiones que ya comienzan a aburrir, como Endesa y sus opas o el Ibex y sus vaivenes, pero no de la situación económica general del país. Y es que parece que por obra de magia del brujo Harry Solbes todo lo económico va bien: el crecimiento, el empleo...
Es cierto que la complicada situación política no se corresponde con la aparentemente buena salud económica de nuestra economía. Pero no analizaré hoy este tema. La pregunta que me haré es si la política económica que sigue este Gobierno es la adecuada. Para empezar, y en contra de lo que opinan muchos, hay notables diferencias en la política económica diseñada por este Gabinete y por el anterior. Quizá las más destacadas se producen en el ámbito de la política fiscal y las reformas estructurales.
En el periodo 1996-2003 la presión fiscal aumentó aproximadamente 0.05%. Entre 2004 y 2006 el incremento de esta variable es de medio punto porcentual. Puede parecer pequeño, y lo es en términos absolutos, pero conlleva un cambio de tendencia respecto a la etapa anterior que no es, en absoluto, buen presagio. En el periodo 1996-2003 el gasto público como porcentaje del PIB se redujo en 7 puntos porcentuales. Otra tendencia que se rompe, porque en los dos años de la presente legislatura también aumenta ligeramente. Es natural. Aunque de momento el Gobierno está respetando el principio de déficit cero y conservando el superávit, es metafísicamente imposible que un Gobierno socialista —y con tantos sesgos dadivosos y populistas, como éste—no caiga en la tentación de implantar medidas presuntamente sociales a golpe de talonario. El capítulo de las reformas estructurales no es más esperanzador. Parece que la agenda de Lisboa ha caído en el olvido: no da la sensación de que se hayan liberalizado los sectores, sino más bien lo contrario. Las medidas tomadas en el campo de la vivienda se proponen, según parece, intervenir aún más un sector extremadamente regulado. La Ley del Suelo, aún en tramitación, intenta hacer más tortuosa la operativa de empresas que suponen casi el 20% del PIB español en la obtención de un recurso claramente estratégico para ellas. No es fácil abordar este tema, todos lo sabemos, pero una regla de oro de la economía es que si algo (como el mercado del suelo) no funciona bien porque está muy regulado, la solución idónea no pasa por regularlo más. La gestión de otros recursos o servicios vitales para empresas y consumidores, como el agua, las infraestructuras o la energía, sólo puede calificarse de lamentable. ¿Alguien sensato sigue creyendo en las desaladoras? ¿Por qué cuando llegas a una capital de provincia donde se esperaba el AVE hace años, y haces la consabida pregunta —para cuándo el AVE— te contestan con un encogimiento de hombros? ¿Quién recuerda — no ya en la historia de España, sino en la de la humanidad— un caso de intervencionismo estatal más inoportuno, desafortunado, tramposo, rastrero y críptico como el de este Gobierno en la OPA de Endesa? Críptico porque en el episodio 1 de la saga todavía se entendía —o se podía aventurar— algo del argumento: entra Gas Natural en Endesa a cambio del Estatut, por ejemplo, pero ¿ahora, qué le debemos a Prodi o a Berlusconi? ¿O es que para la operación de Autostrade merece la pena montar este lío? Y claro, estas veleidades populistas de nuestro Gobierno han pasado —y pasarán— factura. La convergencia real avanzó a un ritmo de más de 1,2 puntos porcentuales en el periodo 1996-2003; en los dos últimos años el ritmo medio de avance ha sido cercano al 0,3% (la cuarta parte).
Los salarios han sufrido una pérdida de poder adquisitivo entre 2004 y 2006 de 1,7 puntos; en la etapa anterior su valor adquisitivo se mantuvo. La productividad en relación con la UE —que tampoco es la zona más competitiva del mundo— se ha reducido. Si tomamos el nivel de 2003 como base 100, comprobamos que en 2006 la productividad está en el 96%.
Respondo a lo que preguntaba más arriba: la actual política económica no me parece adecuada. No nos vendría mal un cambio, de modo que el marco regulador garantizara la unidad de mercado y no fuera tan intervencionista, se controlaran más las ansias recaudatorias, se reformara el sector público... y tantas recetas mil veces pronunciadas y un millón escuchadas, que, sin embargo, nuestros gobernantes no sabes —o no quieren— poner en práctica.
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