La reforma laboral, en el laboratorio
La recesión
Cuatro millones de parados en España
Los economistas lanzan una propuesta para modernizar el mercado de trabajo con la supresión de la mayoría de los contratos temporales y con cambios en el despido y en las prestaciones de paro
Oviedo, Luis GANCEDO
España tiene cuatro millones de personas en paro. Desempleados en el sentido estricto que marca la Encuesta de Población Activa (EPA): ciudadanos que están presentando currículum en las empresas, llamando a las puertas de las oficinas del Inem o escudriñando su entorno para conseguir una ocupación laboral, sea o no porque la crisis acabó con la que tenían. En ningún otro país europeo la recesión se está llevando tanto empleo por delante, y no porque en Reino Unido, Francia o Alemania la gran cuenta económica, el producto interior bruto (PIB), no se esté resintiendo tanto o más que la de España.
¿Por qué está ocurriendo así? No se explica sólo, creen los especialistas, por la singularidad del «crack» inmobiliario español o por otros rasgos diferenciales del modelo económico. Una declaración recién firmada por cien economistas achaca en buena medida el explosivo aumento del paro español a las deficiencias del mercado laboral. Defienden que para corregirlas y construir la nueva economía española son insoslayables reformas de alcance en capítulos como los contratos, el despido, las prestaciones por desempleo o la negociación colectiva, asuntos sobre los que rara vez se han puesto de acuerdo gobiernos, oposiciones y agentes sociales desde que en 1980 el Estatuto de los Trabajadores democratizó las relaciones laborales en España.
«La crisis no tiene un origen laboral, pero las rigideces e ineficiencias de nuestro mercado de trabajo sí tienen mucho que ver con la gran intensidad de la destrucción de empleo», dice Florentino Felgueroso, economista asturiano, profesor de la Universidad de Oviedo y uno de los trece promotores principales del paso que, en defensa de una reforma laboral, han dado un total de 98 investigadores, entre ellos cuatro asturianos más: Ángel de la Fuente, José Manuel Campa, Benito Arruñada y Manuel F. Bagües.
Los firmantes de la «Propuesta para la reactivación laboral en España» (www.crisis09.es) abogan por medidas que están pensadas no para reanimar de inmediato la creación de trabajo, sujeta a que la economía recobre el pulso, sino para que el país disponga, cuando llegue la recuperación, de un mercado más de este siglo y menos expuesto a crisis venideras. «El país necesita una economía más productiva, y eso requiere sobre todo desarrollo científico-tecnológico y una educación mejor; pero nada será eficaz sin corregir las carencias del mercado de trabajo», avisa Felgueroso. Varios de los cambios que se sugieren se explican a continuación.
Contrato único y fijo. El peor mal es la alta temporalidad. Desde la primera reforma laboral de la democracia, en 1984, propulsada en medio de otro proceso de intensa pérdida de trabajo, sobre todo industrial, el empleo en España ha caído en «una dualidad» entre trabajadores fijos y temporales inédita en otras naciones europeas. «Desde hace más de dos décadas, alrededor del 30 por ciento de los asalariados tienen contratos temporales. Este modelo conduce a que en las fases de crecimiento económico se crea mucho empleo, aunque en sectores de baja productividad. Pero cuando cambia el ciclo económico y vienen las crisis se dispara la destrucción de puestos de trabajo». Prueba de ello, expone Florentino Felgueroso, es lo que pasa ahora: muchas empresas están haciendo frente a la recesión con el despido, prácticamente sin coste, de centenares de miles de empleados temporales (465.000 en el último trimestre). No se exploran «otras alternativas como los cambios en la organización del trabajo».
Esa dinámica tiene entre sus mayores damnificados a colectivos ya de por sí vulnerables: jóvenes, mujeres, inmigrantes... Y aun sin crisis, reseñan Florentino Felgueroso y sus colegas, la alta temporalidad está contraindicada para la productividad y tiende a devaluar la cualificación de los trabajadores. El tipo del empleado temporal que cae en el bucle de las rotaciones de contratos y se pasa más de diez años sin llegar a tener un contrato fijo se ha convertido en personaje común.
La salida está, defienden los economistas, en simplificar el extenso menú de contratos que existe ahora, imponiendo un único modelo de contrato indefinido y permitiendo sólo los interinos para cubrir bajas temporales o para las necesidades coyunturales de actividades como el turismo. Se trata, a la postre, de acabar con un sistema que ahora obliga a quien se incorpora al mercado de trabajo a hacerlo sistemáticamente como empleado eventual.
El despido. Plantear como norma un solo tipo de contrato y que sea indefinido lleva al callejón del coste por despido, esgrimido por la patronal como inconveniente principal para que los empresarios ofrezcan más empleos estables.
La propia CEOE tiene una propuesta de un único contrato fijo, pero la plataforma de economistas marca distancias con la organización que preside Gerardo Díaz Ferrán, partidaria de rebajar sustancialmente las indemnizaciones para esos nuevos contratados (no para los trabajadores fijos actuales, protegidos por el principio de no retroactividad en caso de cualquier reforma). Los economistas plantean que el contrato único para los futuros trabajadores dé derecho a una indemnización que, partiendo de un nivel superior al de cierto tipo de contratos temporales -8 días por año trabajado-, crezca con la antigüedad, hasta un tope que debe ser inferior a los 45 días de los contratos indefinidos convencionales actuales. Un tope cercano a la media europea y, en todo caso, por encima del límite de 20 días que está planteando la CEOE.
«Los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio y los empresarios no se enfrentarían a la enorme brecha que existe entre la baja indemnización de los contratos temporales (8 días o ninguno, según los casos) y el alto nivel de protección de los indefinidos». Tal vía, sostiene Felgueroso, permitiría que la legión de trabajadores temporales, 84.000 en Asturias, se redujera notablemente en beneficio del empleo estable y de la productividad.
Las prestaciones. La propuesta de reforma parte de considerar que, en tiempos de crisis, la cobertura social de los desempleados y sus familias debe garantizarse, incluso ampliar transitoriamente las prestaciones. El grupo no esquiva la controversia sobre un fallo que desde posiciones liberales se achaca al sistema: que una cobertura social generosa desincentiva la búsqueda de empleo. «Para elevar la protección sin desincentivar la búsqueda de empleo, es preferible aumentar el nivel de prestaciones durante los primeros meses de paro que alargar su duración», señala la propuesta.
Supone que el parado disponga durante esos primeros meses de un nivel de ingresos más cercano a su salario que ahora (70 por ciento como mucho), para hacer frente con más holgura a las obligaciones contraídas (hipotecas, por ejemplo), y que pasado ese tiempo la prestación baje «para no reducir los incentivos a la búsqueda de empleo». Los posibles aumentos de costes se cubrirían con otra medida que sugieren los expertos: penalizar con cotizaciones sociales más altas a las empresas que, pese a las reformas, abusen de la contratación temporal.
España tiene cuatro millones de personas en paro. Desempleados en el sentido estricto que marca la Encuesta de Población Activa (EPA): ciudadanos que están presentando currículum en las empresas, llamando a las puertas de las oficinas del Inem o escudriñando su entorno para conseguir una ocupación laboral, sea o no porque la crisis acabó con la que tenían. En ningún otro país europeo la recesión se está llevando tanto empleo por delante, y no porque en Reino Unido, Francia o Alemania la gran cuenta económica, el producto interior bruto (PIB), no se esté resintiendo tanto o más que la de España.
¿Por qué está ocurriendo así? No se explica sólo, creen los especialistas, por la singularidad del «crack» inmobiliario español o por otros rasgos diferenciales del modelo económico. Una declaración recién firmada por cien economistas achaca en buena medida el explosivo aumento del paro español a las deficiencias del mercado laboral. Defienden que para corregirlas y construir la nueva economía española son insoslayables reformas de alcance en capítulos como los contratos, el despido, las prestaciones por desempleo o la negociación colectiva, asuntos sobre los que rara vez se han puesto de acuerdo gobiernos, oposiciones y agentes sociales desde que en 1980 el Estatuto de los Trabajadores democratizó las relaciones laborales en España.
«La crisis no tiene un origen laboral, pero las rigideces e ineficiencias de nuestro mercado de trabajo sí tienen mucho que ver con la gran intensidad de la destrucción de empleo», dice Florentino Felgueroso, economista asturiano, profesor de la Universidad de Oviedo y uno de los trece promotores principales del paso que, en defensa de una reforma laboral, han dado un total de 98 investigadores, entre ellos cuatro asturianos más: Ángel de la Fuente, José Manuel Campa, Benito Arruñada y Manuel F. Bagües.
Los firmantes de la «Propuesta para la reactivación laboral en España» (www.crisis09.es) abogan por medidas que están pensadas no para reanimar de inmediato la creación de trabajo, sujeta a que la economía recobre el pulso, sino para que el país disponga, cuando llegue la recuperación, de un mercado más de este siglo y menos expuesto a crisis venideras. «El país necesita una economía más productiva, y eso requiere sobre todo desarrollo científico-tecnológico y una educación mejor; pero nada será eficaz sin corregir las carencias del mercado de trabajo», avisa Felgueroso. Varios de los cambios que se sugieren se explican a continuación.
Contrato único y fijo. El peor mal es la alta temporalidad. Desde la primera reforma laboral de la democracia, en 1984, propulsada en medio de otro proceso de intensa pérdida de trabajo, sobre todo industrial, el empleo en España ha caído en «una dualidad» entre trabajadores fijos y temporales inédita en otras naciones europeas. «Desde hace más de dos décadas, alrededor del 30 por ciento de los asalariados tienen contratos temporales. Este modelo conduce a que en las fases de crecimiento económico se crea mucho empleo, aunque en sectores de baja productividad. Pero cuando cambia el ciclo económico y vienen las crisis se dispara la destrucción de puestos de trabajo». Prueba de ello, expone Florentino Felgueroso, es lo que pasa ahora: muchas empresas están haciendo frente a la recesión con el despido, prácticamente sin coste, de centenares de miles de empleados temporales (465.000 en el último trimestre). No se exploran «otras alternativas como los cambios en la organización del trabajo».
Esa dinámica tiene entre sus mayores damnificados a colectivos ya de por sí vulnerables: jóvenes, mujeres, inmigrantes... Y aun sin crisis, reseñan Florentino Felgueroso y sus colegas, la alta temporalidad está contraindicada para la productividad y tiende a devaluar la cualificación de los trabajadores. El tipo del empleado temporal que cae en el bucle de las rotaciones de contratos y se pasa más de diez años sin llegar a tener un contrato fijo se ha convertido en personaje común.
La salida está, defienden los economistas, en simplificar el extenso menú de contratos que existe ahora, imponiendo un único modelo de contrato indefinido y permitiendo sólo los interinos para cubrir bajas temporales o para las necesidades coyunturales de actividades como el turismo. Se trata, a la postre, de acabar con un sistema que ahora obliga a quien se incorpora al mercado de trabajo a hacerlo sistemáticamente como empleado eventual.
El despido. Plantear como norma un solo tipo de contrato y que sea indefinido lleva al callejón del coste por despido, esgrimido por la patronal como inconveniente principal para que los empresarios ofrezcan más empleos estables.
La propia CEOE tiene una propuesta de un único contrato fijo, pero la plataforma de economistas marca distancias con la organización que preside Gerardo Díaz Ferrán, partidaria de rebajar sustancialmente las indemnizaciones para esos nuevos contratados (no para los trabajadores fijos actuales, protegidos por el principio de no retroactividad en caso de cualquier reforma). Los economistas plantean que el contrato único para los futuros trabajadores dé derecho a una indemnización que, partiendo de un nivel superior al de cierto tipo de contratos temporales -8 días por año trabajado-, crezca con la antigüedad, hasta un tope que debe ser inferior a los 45 días de los contratos indefinidos convencionales actuales. Un tope cercano a la media europea y, en todo caso, por encima del límite de 20 días que está planteando la CEOE.
«Los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio y los empresarios no se enfrentarían a la enorme brecha que existe entre la baja indemnización de los contratos temporales (8 días o ninguno, según los casos) y el alto nivel de protección de los indefinidos». Tal vía, sostiene Felgueroso, permitiría que la legión de trabajadores temporales, 84.000 en Asturias, se redujera notablemente en beneficio del empleo estable y de la productividad.
Las prestaciones. La propuesta de reforma parte de considerar que, en tiempos de crisis, la cobertura social de los desempleados y sus familias debe garantizarse, incluso ampliar transitoriamente las prestaciones. El grupo no esquiva la controversia sobre un fallo que desde posiciones liberales se achaca al sistema: que una cobertura social generosa desincentiva la búsqueda de empleo. «Para elevar la protección sin desincentivar la búsqueda de empleo, es preferible aumentar el nivel de prestaciones durante los primeros meses de paro que alargar su duración», señala la propuesta.
Supone que el parado disponga durante esos primeros meses de un nivel de ingresos más cercano a su salario que ahora (70 por ciento como mucho), para hacer frente con más holgura a las obligaciones contraídas (hipotecas, por ejemplo), y que pasado ese tiempo la prestación baje «para no reducir los incentivos a la búsqueda de empleo». Los posibles aumentos de costes se cubrirían con otra medida que sugieren los expertos: penalizar con cotizaciones sociales más altas a las empresas que, pese a las reformas, abusen de la contratación temporal.
2 comentarios:
Carlos, siempre viene bien otro punto de vista.
Saludos,
Epi
http://www.escolar.net/MT/archives/2009/05/una-respuesta-a-la-propuesta-de-los-100.html
Efectivamente, y más si lo envías tú. La tercera España siempre debe mirar otras cosas.
No obstante, Escolar y su economista dice unas cuantas tonterías. Están bien para una determinada parroquia pero no van más allá. Si te fijas en los comentarios de sus lectores hablan de sus traumas infantiles con la Iglesia Católica y no de la propuesta o su crítica.
En primer lugar, los 100 y sus acólitos hacen una propuesta a considerar para un problema importante desde hace tiempo, ahora o más adelante. No es "la solución". El país tiene miles de problemas a los que nadie ha hecho caso y cada uno necesitará una propuesta.
En segundo lugar eso de que tocan de oído es una tontería muy gorda. Los líderes del movimiento son especialistas en Economía Laboral de primera línea mundial, los cien firmantes son, en general, muy buenos y, hasta el momento, la gente que se adhiere no está nada mal. Salvando a Daniel García el más parecido que teníamos en León lo hemos puesto de patitas en la calle.
En cuarto lugar, la acusación de estar fuera de la realidad no soporta los cinco primeros minutos de mi primera clase de Microeconomía. Corbacho no conoce el mercado laboral mejor que los líderes de la propuesta.
En quinto lugar, tratar de quitarles del medio por ser Minesotos me parece ridículo. Yo creo que el nexo de unión es más bien el tener claros los rudimentos de la teoría económica que ser Minesoto. Miguel Sebastián es un conocido Minesoto pero en cuanto pone un píe fuera de la Facultad se le olvidan los rudimentos de la teoría económica.
Fíjate que el propio Recio reconoce que los firmantes han trabajado para todos los partidos políticos.
Un problema es un problema y la solución usa lo que se sabe o no es solución.
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