¿Crean empleo los políticos? (II)

Desde luego, no los del PP de Avilés (sector de la boina). Hacen una política muy poco efectiva pero no les importa llevarse por delante una brillante iniciativa empresarial que usa conocimiento y tecnología de alto nivel y contrata, mayoritariamente, personas con estudios universitarios.

Instituto CIES defiende su independencia y profesionalidad, y sopesa acciones judiciales

E. C.
Instituto CIES, cuyo contrato para hacer un estudio de impacto sobre el Centro Niemeyer criticó ayer el PP, sopesa emprender medidas legales contra las acusaciones de los populares. Un portavoz de la empresa destacó que son siete los socios fundadores, dos de los cuales dirigen la compañía «con plena independencia». Natalio Grueso, en cambio, «tiene una participación indirecta y minoritaria que apenas supera el 10 por ciento, a través de una empresa de inversión». Según el Instituto CIES, no existe ningún tipo de relación económica con Natalio Grueso, ni hay ninguna colaboración en proyectos. «Debe quedar meridianamente claro que Natalio Grueso conoció los resultados del estudio en la presentación pública celebrada el pasado 16 de noviembre de 2007»,.

Además, la consultora que dirige Javier García alega que compitió con otras empresas para que el Ayuntamiento le adjudicara el estudio. «Se han cumplido escrupulosamente los procedimientos administrativos. Realizar afirmaciones sin fundamento y sin rigor no hace otra cosa que dañar la imagen tanto de las instituciones como de las empresas que trabajan para las mismas».

Respecto a la metodología, el Instituto CIES alega un «arduo trabajo de campo durante los meses de julio y agosto de 2007, con entrevistas a casi 350 turistas y visitantes» para conocer las pautas de consumo y su grado de conocimiento del Niemeyer. El estudio, además, está avalado por un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo experto en este tipo de análisis, y «se siguió metodología de vanguardia y contrastada». Por eso el Instituto CIES está dispuesto a discutir con el PP los aspectos técnicos del estudio.

El contrato al que se refiere el PP tuvo un importe de 10.148 euros, según el Instituto CIES, «lo que supone el 0,775% de la facturación». Asimismo, la empresa también destaca que de los 10 proyectos más importantes realizados, siete son con la empresa privada, y que el de mayor importe se realiza para un ayuntamiento de Castilla y León donde gobierna el PP.

Grupo DEX

El Grupo DEX (Desarrollo de Estrategias Exteriores) está integrado por un conjunto de empresas especializadas en la prestación de servicios especializados de consultoría de alto valor añadido a empresas y al sector público. Se trata de DEX Europa, Instituto CIES, TGA, Dex Central Europa y Dex Polska, según consta en su página web. DEX está participada por Graciano García, Jacobo Cosmen y Natalio Gureso, en idéntica medida.

Instituto CIES

El Instituto CIES se presenta como una consultora basada en la transferencia de conocimiento. Sus principales líneas de actividad son: consultoría económica y social para todo tipo de organizaciones públicas y privadas, y consultoría IT dirigida al desarrollo de software, consultoría tecnológica, auditoría y certificación de sistemas de información, seguridad informática y protección de datos. Su director gerente es Javier García, y se trata de una empresa asentada en La Curtidora. En 2007 recibió el contrato de realizar un estudio sobre el impacto del Centro Niemeyer.

Natalio Grueso

Director del Centro Niemeyer, Natalio Grueso fue administrador único de esta entidad, primero, y después administrador solidario.

¿Crean empleo los políticos? (I)

El Principado mantendrá las restricciones a los híper y liberalizará los supermercados

El Gobierno quiere sortear el mandato europeo de permitir la libre apertura de negocios imponiendo una evaluación de impacto para los centros comerciales

Simplemente, me autoplagio.

La idea de crear riqueza poniendo trabas a la producción y al consumo no es nueva. De hecho, la exploró hace muchos años el inigualable Bastiat con su paradoja del tren inverso. Al parecer, los comerciantes de Burdeos decidieron que en vez de una estación de tren en Burdeos hubiese dos y una cierta distancia entre ellas. El tren llegaría de Paris a la estación del norte y partiría para España en la estación del sur. De esta manera, los viajeros desarrollarían Burdeos a base de ir en taxi, tomar algo en los bares y pernoctar en hoteles. Pero Bastiat razona que si eso es bueno para Burdeos también es bueno para cualquier otra ciudad. Es decir, debería haber un buen corte en la vía en cada pueblo o ciudad del recorrido. Llevando la historia al límite, en el afán de crear riqueza, el recorrido entre Paris y la frontera española sería un conjunto de cortes en la vía. Es decir, un no-ferrocarril o ferrocarril inverso. Por tanto, el recorrido se hace cogiendo taxis, tomando café en bares y haciendo noche en hoteles. Naturalmente, esa posibilidad ya existía antes de que se inventase el ferrocarril. Es curioso, que la restricción a la producción y al consumo se parezca a la ausencia de cambio técnico. El cambio técnico nos hace progresar y algunas regulaciones nos hacen ir hacía atrás.

LNE aborda la reforma laboral

Hace unos meses mi amigo Epi me explicó el concepto de La Tercera España. Un concepto alternativo a las dos españas. Yo creo ver en ésta y otras iniciativas una muestra de esa tercera españa que tiene corazón y cabeza, proyectos, ambiciones (no confundir con la finca de Jesulín) y que es capaz de escuchar pero también de decir lo que piensa.

La reforma laboral, en el laboratorio

La recesión

Cuatro millones de parados en España

Los economistas lanzan una propuesta para modernizar el mercado de trabajo con la supresión de la mayoría de los contratos temporales y con cambios en el despido y en las prestaciones de paro

Oviedo, Luis GANCEDO

España tiene cuatro millones de personas en paro. Desempleados en el sentido estricto que marca la Encuesta de Población Activa (EPA): ciudadanos que están presentando currículum en las empresas, llamando a las puertas de las oficinas del Inem o escudriñando su entorno para conseguir una ocupación laboral, sea o no porque la crisis acabó con la que tenían. En ningún otro país europeo la recesión se está llevando tanto empleo por delante, y no porque en Reino Unido, Francia o Alemania la gran cuenta económica, el producto interior bruto (PIB), no se esté resintiendo tanto o más que la de España.

¿Por qué está ocurriendo así? No se explica sólo, creen los especialistas, por la singularidad del «crack» inmobiliario español o por otros rasgos diferenciales del modelo económico. Una declaración recién firmada por cien economistas achaca en buena medida el explosivo aumento del paro español a las deficiencias del mercado laboral. Defienden que para corregirlas y construir la nueva economía española son insoslayables reformas de alcance en capítulos como los contratos, el despido, las prestaciones por desempleo o la negociación colectiva, asuntos sobre los que rara vez se han puesto de acuerdo gobiernos, oposiciones y agentes sociales desde que en 1980 el Estatuto de los Trabajadores democratizó las relaciones laborales en España.

«La crisis no tiene un origen laboral, pero las rigideces e ineficiencias de nuestro mercado de trabajo sí tienen mucho que ver con la gran intensidad de la destrucción de empleo», dice Florentino Felgueroso, economista asturiano, profesor de la Universidad de Oviedo y uno de los trece promotores principales del paso que, en defensa de una reforma laboral, han dado un total de 98 investigadores, entre ellos cuatro asturianos más: Ángel de la Fuente, José Manuel Campa, Benito Arruñada y Manuel F. Bagües.

Los firmantes de la «Propuesta para la reactivación laboral en España» (www.crisis09.es) abogan por medidas que están pensadas no para reanimar de inmediato la creación de trabajo, sujeta a que la economía recobre el pulso, sino para que el país disponga, cuando llegue la recuperación, de un mercado más de este siglo y menos expuesto a crisis venideras. «El país necesita una economía más productiva, y eso requiere sobre todo desarrollo científico-tecnológico y una educación mejor; pero nada será eficaz sin corregir las carencias del mercado de trabajo», avisa Felgueroso. Varios de los cambios que se sugieren se explican a continuación.

Contrato único y fijo. El peor mal es la alta temporalidad. Desde la primera reforma laboral de la democracia, en 1984, propulsada en medio de otro proceso de intensa pérdida de trabajo, sobre todo industrial, el empleo en España ha caído en «una dualidad» entre trabajadores fijos y temporales inédita en otras naciones europeas. «Desde hace más de dos décadas, alrededor del 30 por ciento de los asalariados tienen contratos temporales. Este modelo conduce a que en las fases de crecimiento económico se crea mucho empleo, aunque en sectores de baja productividad. Pero cuando cambia el ciclo económico y vienen las crisis se dispara la destrucción de puestos de trabajo». Prueba de ello, expone Florentino Felgueroso, es lo que pasa ahora: muchas empresas están haciendo frente a la recesión con el despido, prácticamente sin coste, de centenares de miles de empleados temporales (465.000 en el último trimestre). No se exploran «otras alternativas como los cambios en la organización del trabajo».

Esa dinámica tiene entre sus mayores damnificados a colectivos ya de por sí vulnerables: jóvenes, mujeres, inmigrantes... Y aun sin crisis, reseñan Florentino Felgueroso y sus colegas, la alta temporalidad está contraindicada para la productividad y tiende a devaluar la cualificación de los trabajadores. El tipo del empleado temporal que cae en el bucle de las rotaciones de contratos y se pasa más de diez años sin llegar a tener un contrato fijo se ha convertido en personaje común.

La salida está, defienden los economistas, en simplificar el extenso menú de contratos que existe ahora, imponiendo un único modelo de contrato indefinido y permitiendo sólo los interinos para cubrir bajas temporales o para las necesidades coyunturales de actividades como el turismo. Se trata, a la postre, de acabar con un sistema que ahora obliga a quien se incorpora al mercado de trabajo a hacerlo sistemáticamente como empleado eventual.

El despido. Plantear como norma un solo tipo de contrato y que sea indefinido lleva al callejón del coste por despido, esgrimido por la patronal como inconveniente principal para que los empresarios ofrezcan más empleos estables.

La propia CEOE tiene una propuesta de un único contrato fijo, pero la plataforma de economistas marca distancias con la organización que preside Gerardo Díaz Ferrán, partidaria de rebajar sustancialmente las indemnizaciones para esos nuevos contratados (no para los trabajadores fijos actuales, protegidos por el principio de no retroactividad en caso de cualquier reforma). Los economistas plantean que el contrato único para los futuros trabajadores dé derecho a una indemnización que, partiendo de un nivel superior al de cierto tipo de contratos temporales -8 días por año trabajado-, crezca con la antigüedad, hasta un tope que debe ser inferior a los 45 días de los contratos indefinidos convencionales actuales. Un tope cercano a la media europea y, en todo caso, por encima del límite de 20 días que está planteando la CEOE.

«Los trabajadores contarían con un contrato indefinido desde el principio y los empresarios no se enfrentarían a la enorme brecha que existe entre la baja indemnización de los contratos temporales (8 días o ninguno, según los casos) y el alto nivel de protección de los indefinidos». Tal vía, sostiene Felgueroso, permitiría que la legión de trabajadores temporales, 84.000 en Asturias, se redujera notablemente en beneficio del empleo estable y de la productividad.

Las prestaciones. La propuesta de reforma parte de considerar que, en tiempos de crisis, la cobertura social de los desempleados y sus familias debe garantizarse, incluso ampliar transitoriamente las prestaciones. El grupo no esquiva la controversia sobre un fallo que desde posiciones liberales se achaca al sistema: que una cobertura social generosa desincentiva la búsqueda de empleo. «Para elevar la protección sin desincentivar la búsqueda de empleo, es preferible aumentar el nivel de prestaciones durante los primeros meses de paro que alargar su duración», señala la propuesta.

Supone que el parado disponga durante esos primeros meses de un nivel de ingresos más cercano a su salario que ahora (70 por ciento como mucho), para hacer frente con más holgura a las obligaciones contraídas (hipotecas, por ejemplo), y que pasado ese tiempo la prestación baje «para no reducir los incentivos a la búsqueda de empleo». Los posibles aumentos de costes se cubrirían con otra medida que sugieren los expertos: penalizar con cotizaciones sociales más altas a las empresas que, pese a las reformas, abusen de la contratación temporal.

Política y Economía

Va para dos décadas que tengo una suscripción personal trianual a The Economist. La suscripción en papel me permite mirar la revista varias veces cada semana. Esperando a mi hijo en el salón de té para no fumadores (Dio mío, ¿en qué me he convertido?) o en una terraza de la playa (me gusta el agua pero no la arena). La suscripción en papel incluye una suscripción virtual.
Mis secciones favoritas son:
1. Books and Arts. Nunca se me ocurriría por mi propia iniciativa pensar en los temas o leer a los autores que se mencionan en esta sección.
2. Science and Technology. Son capaces de explicar las cosas más innovadoras y complicadas. Es una gran ventaja para estar un poco al día.
3. Face value. La vida y milagros de los grandes empresarios y emprendedores. No suelo encontrar a este tipo de gente en mi entorno.
4. Leaders. La opinión de The Economist sobre los temas de actualidad.
5. Europe. Suele analizar los problemas económicos españoles con un par de años de ventaja sobre la prensa progubernamental española.
6. Economic Focus.


He dejado para el final la sección obvia. Esta sección busca un tema económico actual y explica la investigación académica más reciente sobre él. El subrayado es muy importante. No dice lo que opina un determinado líder sobre el tema sino lo que dicen los que han estudiado el tema usando el conocimiento previo y métodos de análisis ampliamente aceptados y contrastados. Este enfoque no elimina las controversias o las dudas pero las limita enormemente. Centra la discusión en supuestos simplificadores, bondades del método de análisis o en las zonas grises sin investigar.

Esta semana nos ha regalado un análisis del papel que juega la política en la implementación de medidas económicas necesarias y útiles a la vez. Estos son mis comentarios previos:
1. Me ha recordado la gran diferencia entre la teoría y la práctica. En el artículo se menciona una medida sugerida por académicos que sería ilegal bajo la ley de bancarrota americana. La medida pasaría por el proceloso proceso de un cambio previo en la ley.
2. Me ha tranquilizado. La dificultad de implementar reformas no es un problema exclusivamente español. El problema “cañí” es convencer al gobierno que de ésta no sale sin hacerlo.
3. Me ha inquietado. Las reformas tienen una venta política más sencilla si no es transparente (sus consecuencias no son evidentes) o si parece que vienen impuestas por fuerzas externas (FMI, UE, etc). Este último tema lo menciona Krugman en un libro divulgativo de hace diez años (Vendiendo prosperidad). Al parecer ciertos valores de los parámetros macroeconómicos son convenientes pero no estrictamente necesarios para la unión monetaria. Sin embargo, algunos países usaron la presencia de esos requisitos en la unión monetaria para implantarlos. Antes las críticas siempre podían decir que era un requisito “europeo”.


The curse of politics
Apr 16th 2009
From The Economist print edition

Financial crises can drag on because efficient remedies are politically unpalatable

AS THEIR banking crisis approaches Japanese proportions, Americans can take comfort from the fact that their political culture is more capable of finding a solution. Or can they? Today’s anti-banker backlash bears a striking resemblance to the voter outrage that stymied efforts to fix Japan’s banking system in the 1990s. Indeed, an enduring lesson of financial crises is how political constraints interfere with economically efficient solutions.
For example, America’s Treasury and the Federal Reserve began examining options to use public money to buy up illiquid mortgage assets and to inject capital into financial institutions shortly after rescuing Bear Stearns, a failing investment bank, in March 2008. But it was another six months before they acted on those plans. “There was no way we could go to Congress without the American people understanding we faced a crisis,” says Henry Paulson, the treasury secretary at the time.
Sure enough, not until the failure of Lehman Brothers sparked a global panic in September did Mr Paulson and Ben Bernanke, the Fed chairman, ask Congress to authorise an outlay of $700 billion to support the system. Some say Mr Paulson should have tried harder to acquire the funds before the Lehman crisis. Perhaps, but it is doubtful he would have succeeded. “Even at the height of the crisis, [that] proved almost too hard to do,” he notes.
Phillip Swagel, an economist who will join Georgetown University this autumn, writes in a review* of his experience as an aide to Mr Paulson from December 2006 to January 2009 that market participants and academic economists often proposed solutions that glossed over real-world political and legal obstacles. Some academics argued bank creditors should be forced to swap their debt for equity, for example. But Mr Swagel notes that is not legally possible without a change in the bankruptcy code, a tortuous political process. Similarly, to reduce housing foreclosures the Treasury and Congress focused on reducing interest rates for struggling homeowners, even though this would be less effective than subsidising write-downs of mortgage principal. But politicians and voters would have seen that as an unacceptable bail-out of some undeserving homeowners.
Economists have long studied how institutional constraints interfere with efficient economic choices, such as when special interests erect barriers to entry in product markets. Such constraints have received relatively little attention in the burgeoning literature on financial crises. Yet a closer examination shows that many of the same political obstacles crop up from one crisis to the next. Japan’s Ministry of Finance first sought private-sector solutions to its banking crisis so as not to arouse voter anger by using taxpayers’ money. When those solutions failed, the government proposed in 1995 spending a mere ¥685 billion ($7 billion) to take over the problem loans of seven jusen, or mortgage-finance companies. The backlash was intense. Opposition parties called for the finance minister’s resignation and staged a sit-in at parliament. In one poll, 87% of voters disapproved. The measure eventually passed, but the experience was so searing that it discouraged the government from tackling the banks’ much bigger bad loans until 1997.
In spite of these difficulties, some governments do negotiate the political shoals. South Korea is often praised for the speed and forcefulness with which it took over failing banks and bought up bad loans following its financial crisis in 1997-98. But the South Korean government was able to deflect public anger by arguing that it was being forced to take these steps by the IMF, which to this day most Koreans blame for the crisis.
Sweden took over two banks and issued a blanket guarantee of bank liabilities in the early 1990s even though the governing coalition did not have a majority in parliament. Bo Lundgren, the finance minister at the time, says Swedish voters would have rejected the bail-out had it been put to a referendum. But the government first ensured it had the support of the opposition party (from whom it had inherited the crisis) and then obtained authority from parliament for unlimited funds, so it did not have to return for more money later.

This time it’s not different
A blank cheque would greatly suit Barack Obama, who gave warning on April 14th that American banks may “require substantial additional resources”. Mr Obama has pencilled in another $750 billion of potential stabilisation funds in his 2010 budget but unlocking extra money will be extremely tricky. Despite commanding majorities in Congress and high personal-approval ratings, he must overcome solid opposition from voters jaded by revelations of bankers’ excess.
That may well mean violating certain economic principles. Economists generally prefer transparent to hidden subsidies. But Mr Swagel says that the Treasury came to realise that underpricing insurance for bank assets roused less political opposition than overpaying for assets precisely because the insurance is less transparent. The Treasury is also relying on the Fed to finance illiquid assets by printing money because that requires no congressional approval (even if it compromises the Fed’s independence).
The other temptation is to couple assistance for bankers with a hefty dose of punishment to sate the public’s hunger for justice. Sweden sued the boards of the two banks it nationalised. Several executives agreed to repay their “golden-handshake” severances to avoid prosecution. Mr Obama promised that if banks need more aid, “we will hold accountable those responsible.” The risk, of course, is that pandering to voters’ anger only inflames them further, and makes it even harder to put money into the banking system as need arises.


* “The Financial Crisis: An Inside View” by Phillip Swagel, presented at the Brookings Papers on Economic Activity conference, April 2009

El ministro de trabajo contra cien economistas (o viceversa)

Las continuas declaraciones del ministro de trabajo me obligan a traer a la primera página el educadísimo y afinadísimo comentario de Jonás de hace unos días. Jonás me sugería consultar un manifiesto de cien economistas españoles de primera línea:

http://www.crisis09.es/propuestas/

Sin ser un conocedor profundo de los temas de Economía Laboral las propuestas parecen razonables y factibles. Es importante darse cuenta de la discrepancia con las posiciones puramente doctrinales del ministro.

Sin embargo, hoy he visto un matiz en sus declaraciones que me ha gustado. No dice que no va a reformar las leyes laborales. Dice que el gobierno no las va a reformar al margen de los agentes sociales.

Cruzando fronteras

Este es el enigmático título que Miguel Cervantes y yo hemos dado a un ciclo de conferencias que hemos empezado a organizar en León.La idea es bastante simple. Cuando estoy explicando un modelo de teoría económica tengo la impresión de que una parte de mis alumnos piensan que es:

a. Un modo de pasar el tiempo o de ejercitar la mente.
b. Un obstáculo sobre el que hay que pasar.

Por tanto, me esfuerzo en indicar que:

a. Mucha gente usa con gran ventaja el modelo en el mundo real y nosotros podemos empezar a usarlo en este mismo momento para entender mejor el mundo.
b. El conocimiento que existe sobre los problemas está asociado a estos modelos. No hay una vía alternativa de conocimiento, no existen las revelaciones en medio de la vorágine del trabajo práctico.

Tras enfrentarme a este problema repetidamente me di cuenta de que sería interesante traer a la Facultad a las personas que usaban esos modelos fuera del mundo académico. Obviamente, algunas de estas personas son simplemente Licenciados que optan a trabajos no académicos. Sin embargo, pensé que esa experiencia siendo importante, no era suficientemente llamativa. Por tanto, razoné que la persona que debía traer a hablar con mis alumnos sería alguien que había alcanzado un cierto nivel de desarrollo en el mundo académico y que luego había aplicado esos conocimientos fuera de él. Debía tratarse de un profesor de universidad que hubiese llevado a cabo una labor política, empresarial o institucional en la que hubiese usado conocimientos académicos económicos. La lista de candidatos es larga. Otra cosa distinta es lograr su presencia en León para participar en un coloquio con los alumnos. Sin embargo, cuando esta idea ya estaba en marcha me di cuenta de que había otra posibilidad. De hecho, se trata del caso contrario: una persona que haya tenido una actividad profesional que le haya motivado a hacer un estudio académico de los problemas que encontró en ella.
Me he encontrado con este segundo caso repetidamente en el Reino Unido y en Estados Unidos en el ámbito del Desarrollo Económico. Una persona joven, dinámica y brillante decide dedicar sus esfuerzos a proyectos de desarrollo económico. Las circunstancias le desbordan, las preguntas surgen y trata de saciar esa desazón inscribiéndose de nuevo en un programa académico.
Supongo que existen muchos ejemplos como estos en España pero yo no tuve que buscar muy lejos. Mi profesor Joaquín Lorences vivió una intensa experiencia de este estilo en su juventud. Su primer empleo fue como economista de los emergentes sindicatos de la transición económica. Las experiencias y las dudas que le surgieron en aquella experiencia laboral provocaron muchas de las preguntas que habrían de guiar su investigación en su siguiente reencarnación como profesor de Teoría Económica.
Joaquín ha compartido a lo largo de los años algunas de estas reflexiones con sus alumnos y con sus compañeros. Por tanto, le pedí que inaugurase este ciclo hablando de su experiencia.
Joaquín hizo un magnífico trabajo en la conferencia. Aunque no rehuyó completamente los aspectos biográficos de la charla, se centro en gran medida en tres cosas:
1. La peculiar situación económica y política de finales de los años 70. Una situación económica difícil si existiesen unas instituciones fuertes pero imposible con unas instituciones en proceso de definición. Los pactos de la Moncloa pusieron algún tipo de orden en esta caótica situación.
2. El resurgimiento de los sindicatos “de clase”. Las peculiaridades de la legislación española y las consecuencias que tienen para el mercado laboral incluso de nuestros días.
3. Los hechos estilizados de las consecuencias económicas de las leyes laborales, de la estructura de negociación salarial en el mercado de trabajo en particular y en la economía en general.

No tengo palabras para agradecer a Joaquín el esfuerzo que hizo. En el futuro, seguiré pensando como llevar a buen puerto esta idea.

Análisis superficial de la crisis

De momento, cedo la palabra a Javi y a El Confidencial Digital. Lamentablemente, yo me creo la versión del panfleto digital. Lo publico para permitir a las personas de mi confianza que tienen buena opinión del Presidente rebatir esta historia.

El presidente del Gobierno pide informes “a todo el mundo”, sobre la situación de la economía y las posibles soluciones para enderezarla, según han revelado a El Confidencial Digital fuentes con acceso al Palacio de la Moncloa.

Rodríguez Zapatero queda bien con esta petición de dictámenes. Sin embargo, según las mismas fuentes, que incluso hablan de actuación “errática”, el presidente ni tiene tiempo para mirarlos, ni se dedica a ello, ni sabe nada de economía. Y, por si fuera poco, él piensa que, para cuando lleguen las siguientes elecciones generales, ya Obama nos habrá sacado de la crisis.

De acuerdo con informaciones solventes recogidas por ECD, Zapatero ha llegado a preguntar a sus más íntimos: “¿Y si nos salimos del euro, qué pasa?”. Argumenta que la libra está ahí, sigue existiendo, y que en Gran Bretaña las cosas no van tan mal. Además, la personas de su entorno cercano le dicen que sí a todo, y le ríen esas ocurrencias.

Al presidente del Gobierno le sentó a cuerno quemado la declaración del gobernador del Banco de España poniendo en duda la solvencia de la Seguridad Social y el pago de las pensiones. Fuentes gubernamentales cuentan que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, llamó a La Moncloa para preguntar si salía al paso y le contestaba. La respuesta fue que se quedará quieta, “porque eso es una cosa nuestra”. Al final, quien hizo declaraciones fue el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Según fuentes relacionadas con el Banco de España, Fernández Ordóñez manda cada dos días un papel a La Moncloa, alertando de la situación y proponiendo la adopción de determinadas, junto con un cambio de rumbo. Y se ha dado cuenta de que no sirven para nada.

Por eso ha decidido salir a la palestra y decir las cosas claras. No quiere pasar a la historia como el gobernador del Banco de España que estuvo callado mientras la economía española se iba al garete, sobre todo en morosidad, incremento de paro y problemas para las jubilaciones por falta de dinero.

“Prefiere irse, o que lo echen, antes que aparecer como cómplice en esta farsa”, se escucha en las fuentes consultadas. Mafo pide reformas profundas, porque, si no, España puede entrar en una recesión tipo Japón.

Un ejemplo de externalidad: el botellón universitario

Hace unos días fui a pasear por el Campus de la universidad. El día anterior había habido un botellón y los equipos de limpieza del ayuntamiento habían hecho una gran labor tratando de limpiar la basura y los excrementos. Mi impresión es que el botellón es una cuestión que nos desborda y las administraciones públicas están haciendo un gran trabajo cosmético con toda celeridad y con grandes medios para evitar la alarma social y el debate. Lamentablemente, éste sólo se activará cuando ocurra alguna desgracia personal.

El trabajo de limpieza es tan cosmético que en mi paseo comprobé que el césped del Campus puede estar dañando para siempre a menos que un grupo de voluntarios recojamos a mano los restos de cristales, plásticos y colillas que han quedado escondidos entre la hierba.

Por si hay algún marciano leyendo el blog le explicaré como se ve un botellón desde fuera.

1. Los conserjes de la Facultad te avisan con unos días de antelación para que no programes nada a partir de una determinada hora. Llega un momento en que tienen que cerrar los edificios.
2. Cuando sales a la calle ves un montón de gente joven, demasiado joven a veces, empujando carros de los supermercados adyacentes al Campus. Hace tiempo que me pregunto si devuelven los carros o el supermercado gana tanto que no le importa perder un carro.
3. Los participantes orinan en cualquier rincón pero tienen cierta fijación con las puertas de los edificios.
4. Alguna vez he visto a alguien inconsciente en la pradera. Hace años los periódicos hacían un recuento de las personas que habían tenido que ser evacuadas a los hospitales cercanos pero, de algún modo, ya no se hace.

Supongo que los sociólogos tienen una explicación o un conjunto de explicaciones y que incluso han llegado a la conclusión de que es algo bueno para la formación integral de la persona. A pesar de que algún alumno ha tratado de convencerme de algunas cosas positivas que ocurren allí yo estoy disgustado por dos razones:

La primera y fundamental es porque se produce un destrozo de una magnífica infraestructura que los contribuyentes han puesto a nuestra disposición. Robert Barro se ha preguntado alguna vez por qué la gente pobre sin estudios está tan dispuesta a renunciar a una parte de su renta para que gente más rica estudie y trabajen en más que dignas instalaciones. Si encima las usamos como tabernas y urinarios la cosa se vuelve demasiado surrealista para mi gusto.

La segunda es que tengo un problema estético viendo a los líderes del mañana orinando en la calle o tirados en una pradera esperando la llegada de una ambulancia.

El caso es que mientras pisaba cristales y plásticos en la pradera de la Facultad me dí cuenta de que había una racionalidad económica y un fallo de mercado que explicaba una parte importante del fenómeno.

La economía no puede explicar fácilmente las preferencias de la gente aunque ha hecho grandes progresos incluso en ese terreno (Becker). Por tanto, damos por hecho que una parte importante de la población quiere pasar sus horas de ocio fuertemente intoxicado por el alcohol. Esta circunstancia es muy curiosa porque las alternativas son muy atractivas y el precio no siempre alto. Pero las preferencias por el botellón están ahí. Unas personas las satisfacen en sus casas, otras personas en los establecimientos debidamente adaptados y otros al aire libre.

La oferta también está ahí y en ella radica la esencia económica del problema. La oferta señala qué cantidad de un producto se ofrecerá a cada precio. Esa cantidad depende de cuánto cueste producir cada unidad. Cuanto menos cueste más se ofrece. Cuanto menos cueste más se compra. El botellón es mucho más barato que cualquier otra forma de intoxicación etílica: sólo se paga la bebida. La gestión del orden público, la salubridad básica y la limpieza corre por cuenta de los ciudadanos. Cuando uno paga menos de lo que cuesta un producto suele consumir mucho de ese producto. En resumen, la percepción del botellón como un fenómeno exagerado y que produce daños que pagamos entre todos coincide exactamente con el concepto económico de externalidad.

La prohibición es una manera de limitar la externalidad. De hecho, las instalaciones universitarias nunca fueron diseñadas para este uso. La otra es hacer sentir a los organizadores el coste de su actividad. Es decir, tener una estimación aproximada de los costes del evento y hacer que los organizadores depositen esa cantidad antes de organizar el acto.