sábado, diciembre 06, 2008

Política de izquierdas: ayudando a los más desfavorecidos




La Nueva España de Oviedo

El Principado destinará 30 millones de euros para comprar pisos a los promotores que tienen graves dificultades para vender sus promociones a causa del frenazo del negocio. El Gobierno regional considera que ésta es una de las medidas estrella para conseguir reactivar el deprimido mercado de la construcción. La partida ha sido incluida dentro de los Presupuestos regionales para el próximo año, que tendrá que aprobar la Junta.

La adquisición de los inmuebles se realizará a través de la sociedad Viviendas del Principado (Vipasa), y, según apuntó ayer el consejero de Economía, Jaime Rabanal, se hará siempre al precio de pisos protegidos. Atendiendo al precio medio de estas viviendas en la región (1.100 euros por metro cuadrado, según el Ministerio de Vivienda) y su superficie media (algo más de 70 metros cuadrados, según SADEI), con esta partida el Principado podría adquirir entre 340 y 400 viviendas. Fuentes de la Consejería de Vivienda, de la que recientemente tomó las riendas IU, reconocieron que aún no hay una estimación de cuántos pisos pueden adquirirse con esta partida económica. Rabanal también matizó que «no se puede ni se debe hacer un cálculo de las viviendas a adquirir», Aunque sí apuntó que el objetivo general es promover durante el próximo año casi 6.000 viviendas públicas.



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Si este plan se lleva a cabo se habrá perpetrado una acción política cuyo grado de obscenidad le haría merecedora de aparecer en los libros de texto y ser puesta como ejemplo para todos aquellos que creen que la actuación gubernamental mejora la justicia social.

La fiesta inmobiliaria se terminó. Los últimos que compraron pisos o los construyeron sin haber logrado venderlos se equivocaron y tendrán pérdidas. La política del gobierno Asturiano sólo conduce a que esas pérdidas las paguen los contribuyentes. En este caso, la política es lo que parece y sus efectos distributivos son obvios: tomar dinero de los menos favorecidos para dárselo a los más favorecidos. Un dato para la reflexión es que la Consejería de Vivienda de Asturias está en manos de Izquierda Unida tras la última remodelación del Gobierno Regional.

En otras ocasiones es necesario esforzarse mucho para demostrar que una política aparentemente destinada a favorecer a los más necesitados termina dañándoles y favoreciendo a los menos necesitados. Pero en este caso, no hay trampa ni cartón.



Algunas explicaciones:

Los políticos no saben lo que hacen. No se han visto en otra igual en su vida y están asustados. Por tanto, están dispuestos a hacer caso a cualquiera con tal de que parezca que hacen algo y han aceptado esta interesada sugerencia de los constructores. Esta explicación no deja en muy buen lugar a la clase política.

La primera explicación no es suficiente por si sola porque tendrían que contar además con una población ignorante y adormecida incapaz de darse cuenta de la obscenidad de la política. Por otra parte, los economistas y los periodistas tienen que ser cómplices con su silencio.

La unión de las dos explicaciones anteriores es bastante inocente. Por supuesto, existen explicaciones menos inocentes sobre la curiosa afinidad de intereses entre los políticos y los constructores. Pero este es un tema del que debería ocuparse la justicia con la ayuda técnica de los economistas si fuese necesaria.


A continuación voy a tratar de adelantar algunas críticas a mi posición contraria a esta aberración.


1. Se trata de fomentar el empleo en el sector de la construcción

Aquí se aplica un importante, profundo y poco comprendido principio económico: “lo perdido está perdido”. Pedro Urresti, un banquero de inversiones con estudios avanzados de Economía (Universidad de Rochester), les puso a mis alumnos el siguiente problema: una empresa constructora ha gastado 90 millones de euros en la construcción de una autopista de peaje y todavía tiene que gastar otros 10 para ponerla en servicio. En ese momento descubre que sólo va a poder ingresar 20 millones de euros. ¿Debería poner en funcionamiento la autopista?




Los constructores crearán empleo (construirán) si pueden vender las nuevas viviendas a un precio mayor que el coste de construcción. El dinero que reciban no afecta ni al ingreso ni al coste de las nuevas viviendas. Por tanto, no afecta a la nueva construcción ni al empleo.


No creo que haya nadie tan inocente como para pensar que los constructores usarán los treinta millones de euros para pagarles unas largas vacaciones a los trabajadores y, por tanto, que se evitará que se unan a la cola del paro. Pero si así fuera, se trataría simplemente de un peculiar sistema de protección al desempleo. Al final del día, los albañiles estarían cobrando de fondos públicos por no trabajar. Dada la equivalencia del sistema (en el caso más inocente) yo prefiero usar ese dinero directamente en protección al desempleo. De este modo, me aseguro el buen fin del dinero.


2. Se trata de crear un parque público de viviendas

En este caso, se podrían conseguir más viviendas por el mismo dinero esperando a que el precio de mercado baje. Esta manera de crear un parque de viviendas es equivalente a que el comedor de Caritas comprara la comida en el Club del Gourmet de El Corte Inglés o llevar a los más pobres de la ciudad a comer al Vivaldi. El Corte Inglés o Vivaldi podrían estar muy contentos pero los contribuyentes y los necesitados no tanto.

No creo que el impacto de este plan en el precio de la vivienda sea notable ni duradero. Sólo hay que comparar la cantidad de viviendas a las que afectan (350) con las viviendas terminadas sin vender (¿miles?). Pero si tuviese alguno, retrasaría los ajustes necesarios (bajada del precio del suelo, de los materiales, de los salarios) que harían posible construir a más bajo coste y, por tanto, reactivar el mercado y el empleo en el sector.

Una última cuestión. ¿Se adaptan las viviendas construídas no vendidas a la características de una vivienda social? ¿Qué pasa si hay divergencia en las características de construcción?


4 comentarios:

Javier García dijo...

Es aplastante. No tengo más remedio que estar disgustado por la forma de hacer política y por la manera en la que se piensa que se hace algo trasladando rentas públicas hacia los constructores, unas empresas que ahora están en suspensión de pagos pero no por su intelgencia económica sino por su exhuberancia irracional. Creo que Carlos tiene toda la razón, comprando pisos a los constructores se les da dinero a las primeras fortunas de este país y se no se generará empleo o se subvencionará por no trabajar. ¿Y la alternativa a ese dinero? Se me ocurren varias, por ejemplo, un plan de formación, reconversión a otros sectores, líneas de avales más agrasivas (pero con condiciones técnicas decentes, no dar dinero por que sí), apuesta por sectores emergentes, reforzar políticas de internacionalización, fomentar la contratación en prácticas y miles de ejemplos más. Sólo saldremos de esta con más formación y más capacidad para generar valor. No saldremos de la nada, ni dando dinero a quien se ha demostrado no lo sabe gestionar. Y menos dinero público. Cordura, por favor!

Anónimo dijo...

De acuerdo con todo menos con el título. No es un problema de izquierda o derecha. El PP está más que dispuesto a hacer lo mismo. Además de periodistas y economistas silenciosos una oposición borreguil también ayuda lo suyo.

Rubén González dijo...

Aún estando totalmente de acuerdo con todo lo planteado me toca incluir otro punto de vista que en este momento estoy viviendo muy de cerca.
Mi esposa trabaja en una de las mayores constructoras de México. Su capacidad operativa se basa exclusivamente en el apalancamiento financiero. Lleva un mes con todas las obras paradas puesto que no venden, no cobran, no hay para liquidar deudas pasadas y lo que es peor no hay para pagar los intereses que se van generando, con lo cual todo lo que va entrando de cada pisito que consiguen vender acaba aplicándose a intereses. Para las nóminas de la próxima quincena es muy probable que no haya dinero. El personal de obra, se ha ido a la calle al estar todo parado, los 500 de oficinas ahí siguen espectantes a ver qué pasa.

La única solución en el corto plazo parece que pasa porque el GDF (Gobierno del Distrito Federal) adquiera 700 viviendas a un 60% de su valor de venta de modo que puedan pagar deuda vencida, intereses y la compañía se vuelva a ganar la confianza de los bancos para que les vuelvan a prestar dinero y reactivar las obras paradas.

Eso nos garantizaría algún mes más de trabajo sino quien sabe cuando cierren, quizá antes de fin de año. Como medida política comparto la obscenidad de la misma, como problema personal ojalá pronto cierren la operación.

Javier García dijo...

Gracias a las aportaciones de Rubén, me han surgido varias ideas para un artículo. En realidad existe un dilema filosófico importante cuando se trata de lo nuestro o se trata de lo general. Las perspectivas son distintas y, todo forma parte de la complejidad social en la que está inmersa la economía. Quiero verter estas reflexiones en un artículo divulgativo. Un saludo