* Los asteriscos aparecen por cortesía de Google. No me dejan poner líneas en blanco.
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Lo que empieza a ocurrir. Todo por ahorrarse los cincuenta euros que les hubiese cobrado yo por mi consejo.
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ABC, 10 de Febrero de 2008
«¿El alquiler? Más caro si pides los 210 euros...»
POR ALBERTO LARDIÉS. PAMPLONA.
POR ALBERTO LARDIÉS. PAMPLONA.
Las ayudas al alquiler anunciadas a bombo y platillo por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, ya tienen su primera consecuencia práctica: la incesante subida de los precios del alquiler. Son cada vez más los jóvenes deseosos de alquilar un piso que se encuentran con que los dueños de las viviendas y algunas inmobiliarias suben los precios en función de si se pide la ayuda de 210 euros del «Plan Chacón». Hecha la ley, hecha la trampa. De esta inflación en el alquiler ya avisaron en su momento los sectores críticos con estas ayudas tan efectistas, entre ellos el Partido Popular.
El caso de Cristina, una chica de 24 años de Murcia que pretende emanciparse, es paradigmático. Este es el relato de su experiencia: «Hace tres semanas estuve en varias inmobiliarias en busca de piso, y en dos de ellas me sacaron el tema de la renta de emancipación. En una, para un estudio de 400 euros, el chico de la inmobiliaria me dijo que el único requisito que ponía el propietario era que no pidiera la ayuda del Ministerio. En caso contrario, si la pedía y el dueño se enteraba, tendría todo el derecho a echarme por no haber cumplido mi palabra. Es decir, previo a la firma del contrato y por amenaza del propietario, yo tendría que renunciar a mi derecho a pedir la ayuda», narra.
«Mercado negro»
«En el segundo caso -añade-, fue el propietario el que me enseñó directamente el piso. Al verlo y decirle que me parecía que estaba bien y que quería saber el precio, él me contestó: «Depende». Me dijo claramente que el precio dependía de si pedía la ayuda del Ministerio o no. Si la pedía me cobraría 500 euros y si pasaba de ella y no declaraba el alquiler de mi piso a hacienda, me lo dejaría en 400 euros». Cristina, muy enterada de este asunto, tiene muy clara la magnitud de lo ocurrido y no duda en juzgarlo con severidad: «En el primer caso el propietario se niega por la simple razón de que no lo puedan investigar si yo pido la ayuda, porque claramente es un piso pagado en dinero negro. El segundo es especialmente grave porque el propietario entra en el tan anunciado juego del mercado negro con la ayuda al alquiler. Este propietario es uno de los cientos que existen que, al saber que los jóvenes cobramos una ayuda, quiere aprovecharse de ello y por eso sube el precio del piso».
Este es sólo un ejemplo de los numerosos vericuetos por los que se escapan las esperanzas de los jóvenes de obtener o sacarle beneficio a los tan celebrados 210 euros. Para empezar, el Plan de Emancipación, cuyas subvenciones hoy no ha cobrado nadie según se puede leer en varios foros de internet al respecto, establece que sólo se puede solicitar la ayuda por el alquiler de un piso entero, con lo que decenas de jóvenes en España que comparten piso pero que en base a su contrato pagan cada habitación por separado no pueden acceder a la subvención. Por otro lado, está la cantidad ingente de pisos alquilados sin contrato alguno, con lo que la ayuda al alquiler tampoco es posible. Y, como en el caso de Cristina, si los jóvenes que viven sin contrato solicitan empezar a tenerlo, la respuesta de los propietarios es la subida del precio. Incluso, por recomendación de las inmobiliarias. De hecho, esta misma semana, varias inmobiliarias de Madrid fueron consultadas por ABC sobre el siguiente caso práctico: el dueño de un piso en una famosa calle de la capital de España cobra hasta ahora 1.200 euros a los cuatro jóvenes que alquilan la vivienda -a razón de 300 euros cada uno-, pero no les ha hecho contrato nunca. Ahora, ellos han pedido un contrato para poder solicitar la subvención de 210 euros y el propietario pide consejo a las inmobiliarias. Éstas, además de ofrecer lógicamente sus servicios para el caso, recomiendan al dueño del inmueble que sólo acceda a hacer el contrato a los jóvenes si el precio sube.
Una ayuda de dos euros
Varias de las inmobiliarias consultadas hablan en términos generales y recuerdan que «el precio es libre» o hacen hincapié en que si se comienza a declarar un piso y se cobra lo mismo que antes a los inquilinos el propietario va a perder dinero. En otra inmobiliaria son más claros y recomiendan subir el precio en este caso hasta los 1.400 euros apróximadamente. Es decir, el arrendador debe aumentar el cobro a razón de unos 200 euros. Así, si el propietario accede a hacerles un contrato y sigue el consejo de los profesionales del sector, los cuatro jóvenes podrían pasar a pagar 350 euros cada uno -50 más que antes- y recibirían una ayuda de 210 euros a repartir entre los cuatro -52,5 euros para cada uno-, con lo que se ahorrarían la nimiedad de dos euros y medio.
La casuística es enorme, da para mucho, pero tiene un punto en común: las ayudas al alquiler caen en saco roto en muchas ocasiones. Así, otra cuestión que se está dando con cierta asiduidad es la siguiente: los dueños de los pisos no suben el precio del alquiler siempre y cuando los jóvenes arrendatarios se comprometan a no pedir las ayudas, dado que los propietarios prefieren no declarar la vivienda que alquilan. Es el caso de Javier, un joven navarro de 27 años residente en un piso de Madrid junto a otros dos compañeros. «Tenemos un contrato por tener algo, pero es uno de estos contratos que no son legales, ni nosotros ni el dueño declaramos el tema del piso. Con las ayudas al alquiler le dijimos al casero que si podíamos declarar el piso y pedir la subvención, pero él nos pidió que no lo hiciéramos a cambio de no subirnos el ICP como todos los años», afirma.
El joven va más allá y hace gala de la socarronería de su tierra de origen para definir como «la pescadilla que se muerde la cola» la famosa subvención de 210 euros del Plan Chacón. «Si vives con otra gente es difícil ponerse de acuerdo para pedir la ayuda porque quizás alguno no quiere declararlo o porque es un lío que el piso esté a nombre de uno solo que cobra la subvención, ya que si luego se discute, ¿quién se queda el dinero?», asevera. «En caso contrario, si vives solo en Madrid -añade-, tienes que cobrar mucho dinero para poder alquilar el piso, y si cobras mucho dinero te pasas de lo estipulado para recibir las ayudas del Ministerio de Vivienda».
El caso de Cristina, una chica de 24 años de Murcia que pretende emanciparse, es paradigmático. Este es el relato de su experiencia: «Hace tres semanas estuve en varias inmobiliarias en busca de piso, y en dos de ellas me sacaron el tema de la renta de emancipación. En una, para un estudio de 400 euros, el chico de la inmobiliaria me dijo que el único requisito que ponía el propietario era que no pidiera la ayuda del Ministerio. En caso contrario, si la pedía y el dueño se enteraba, tendría todo el derecho a echarme por no haber cumplido mi palabra. Es decir, previo a la firma del contrato y por amenaza del propietario, yo tendría que renunciar a mi derecho a pedir la ayuda», narra.
«Mercado negro»
«En el segundo caso -añade-, fue el propietario el que me enseñó directamente el piso. Al verlo y decirle que me parecía que estaba bien y que quería saber el precio, él me contestó: «Depende». Me dijo claramente que el precio dependía de si pedía la ayuda del Ministerio o no. Si la pedía me cobraría 500 euros y si pasaba de ella y no declaraba el alquiler de mi piso a hacienda, me lo dejaría en 400 euros». Cristina, muy enterada de este asunto, tiene muy clara la magnitud de lo ocurrido y no duda en juzgarlo con severidad: «En el primer caso el propietario se niega por la simple razón de que no lo puedan investigar si yo pido la ayuda, porque claramente es un piso pagado en dinero negro. El segundo es especialmente grave porque el propietario entra en el tan anunciado juego del mercado negro con la ayuda al alquiler. Este propietario es uno de los cientos que existen que, al saber que los jóvenes cobramos una ayuda, quiere aprovecharse de ello y por eso sube el precio del piso».
Este es sólo un ejemplo de los numerosos vericuetos por los que se escapan las esperanzas de los jóvenes de obtener o sacarle beneficio a los tan celebrados 210 euros. Para empezar, el Plan de Emancipación, cuyas subvenciones hoy no ha cobrado nadie según se puede leer en varios foros de internet al respecto, establece que sólo se puede solicitar la ayuda por el alquiler de un piso entero, con lo que decenas de jóvenes en España que comparten piso pero que en base a su contrato pagan cada habitación por separado no pueden acceder a la subvención. Por otro lado, está la cantidad ingente de pisos alquilados sin contrato alguno, con lo que la ayuda al alquiler tampoco es posible. Y, como en el caso de Cristina, si los jóvenes que viven sin contrato solicitan empezar a tenerlo, la respuesta de los propietarios es la subida del precio. Incluso, por recomendación de las inmobiliarias. De hecho, esta misma semana, varias inmobiliarias de Madrid fueron consultadas por ABC sobre el siguiente caso práctico: el dueño de un piso en una famosa calle de la capital de España cobra hasta ahora 1.200 euros a los cuatro jóvenes que alquilan la vivienda -a razón de 300 euros cada uno-, pero no les ha hecho contrato nunca. Ahora, ellos han pedido un contrato para poder solicitar la subvención de 210 euros y el propietario pide consejo a las inmobiliarias. Éstas, además de ofrecer lógicamente sus servicios para el caso, recomiendan al dueño del inmueble que sólo acceda a hacer el contrato a los jóvenes si el precio sube.
Una ayuda de dos euros
Varias de las inmobiliarias consultadas hablan en términos generales y recuerdan que «el precio es libre» o hacen hincapié en que si se comienza a declarar un piso y se cobra lo mismo que antes a los inquilinos el propietario va a perder dinero. En otra inmobiliaria son más claros y recomiendan subir el precio en este caso hasta los 1.400 euros apróximadamente. Es decir, el arrendador debe aumentar el cobro a razón de unos 200 euros. Así, si el propietario accede a hacerles un contrato y sigue el consejo de los profesionales del sector, los cuatro jóvenes podrían pasar a pagar 350 euros cada uno -50 más que antes- y recibirían una ayuda de 210 euros a repartir entre los cuatro -52,5 euros para cada uno-, con lo que se ahorrarían la nimiedad de dos euros y medio.
La casuística es enorme, da para mucho, pero tiene un punto en común: las ayudas al alquiler caen en saco roto en muchas ocasiones. Así, otra cuestión que se está dando con cierta asiduidad es la siguiente: los dueños de los pisos no suben el precio del alquiler siempre y cuando los jóvenes arrendatarios se comprometan a no pedir las ayudas, dado que los propietarios prefieren no declarar la vivienda que alquilan. Es el caso de Javier, un joven navarro de 27 años residente en un piso de Madrid junto a otros dos compañeros. «Tenemos un contrato por tener algo, pero es uno de estos contratos que no son legales, ni nosotros ni el dueño declaramos el tema del piso. Con las ayudas al alquiler le dijimos al casero que si podíamos declarar el piso y pedir la subvención, pero él nos pidió que no lo hiciéramos a cambio de no subirnos el ICP como todos los años», afirma.
El joven va más allá y hace gala de la socarronería de su tierra de origen para definir como «la pescadilla que se muerde la cola» la famosa subvención de 210 euros del Plan Chacón. «Si vives con otra gente es difícil ponerse de acuerdo para pedir la ayuda porque quizás alguno no quiere declararlo o porque es un lío que el piso esté a nombre de uno solo que cobra la subvención, ya que si luego se discute, ¿quién se queda el dinero?», asevera. «En caso contrario, si vives solo en Madrid -añade-, tienes que cobrar mucho dinero para poder alquilar el piso, y si cobras mucho dinero te pasas de lo estipulado para recibir las ayudas del Ministerio de Vivienda».
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