Raúl García Rivera me envía una noticia de La Nueva España sobre una broma de nuestro presidente del gobierno. Dicen que el sentido del humor y la inteligencia van unidos. Supongo que la entrada en política de Milikito y Chiquito de la Calzada es cuestión de meses.
La nueva vía, que resultaría del desdoblamiento de la carretera de Pajares, sólo permitiría que los conductores ahorrasen los 3,75 euros de La Magdalena
Mieres del Camino,
José A. ORDÓÑEZ
La posibilidad de viajar gratis por la autopista del Huerna está un poco más lejos. José Luis Rodríguez Zapatero anunció el martes en Madrid la construcción de una nueva autovía entre León y La Robla, con el objetivo fundamental de «suavizar» el coste del peaje de la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta. Su supresión total fue una de las promesas electorales del presidente del Gobierno. En el plan de infraestructuras y transportes (PPEIT) del Ministerio de Fomento, dirigido por Magdalena Álvarez, está recogida la posibilidad de construir una vía de alta capacidad alternativa a la de pago, distinta a la que ahora propone Zapatero.
La autovía entre León y La Robla, cuyo expediente se abrirá esta misma semana, según aseguró Rodríguez Zapatero, saldrá del desdoblamiento de la carretera N-630, la del puerto de Pajares. Su presupuesto, a falta de estudios concretos, rondaría 65 millones, una cantidad muy pequeña si se compara con los 1.300 millones fijados para el rescate total del peaje. La nueva vía de comunicación únicamente permitirá evitar el pago del trayecto que une León con La Magdalena, que asciende a 3,75 euros. Una vez que esté lista la autovía los conductores podrían salirse hacia La Robla, circular diez minutos por una carretera comarcal e incorporarse al nuevo eje gratuito.
La propuesta de construir una autovía entre León y La Robla partió de varios municipios leoneses de la zona afectada, que consideran que la actuación no es sólo necesaria para mejorar las comunicaciones hacia Asturias, sino también para el desarrollo económico del territorio y para reducir la alta siniestralidad que presenta la carretera N-630. Se trataría de la primera fase de un proyecto más ambicioso que, posteriormente, debería continuar hasta el límite con el Principado. La posibilidad de ir un poco más allá y llevar el desdoblamiento por la vertiente asturiana del puerto resulta prácticamente inviable desde el punto de vista técnico. Además, supondría la desaparición física de todos los pueblos situados en el entorno de la carretera, entre ellos el de Pajares. El alcalde de Lena y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el socialista Hugo Morán, ya se opuso frontalmente a tal posibilidad cuando fue expuesta por los regidores de la provincia vecina. A su juicio, el futuro de las comunicaciones entre Asturias y León debe pasar por la eliminación progresiva del peaje del Huerna, que, según recordó entonces, «es una promesa de Zapatero, y las promesas están para cumplirlas».
Rebaja al transporte
Hasta la fecha únicamente los transportistas se benefician de una reducción en la tarifa del peaje, que alcanza el 30 por ciento y supone al Estado un gasto de 2,8 millones anuales. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, mantuvo una reunión con Zapatero el pasado agosto para analizar la situación del resto de viajeros, sin que se llegase a ningún compromiso concreto. Hace sólo unas semanas la Unión del Pueblo Leonés (UPL) planteó la posibilidad de que el coste del rescate total del peaje fuese cofinanciado por el Estado y las dos comunidades afectadas, Asturias y Castilla y León. La propuesta dejaba el 50 por ciento en manos de la Administración y el resto para repartir, en una relación por dilucidar, entre ambas autonomías.
La fórmula del copago propuesta por los leonesistas ha sido acordada por Rodríguez Zapatero y el presidente de la Xunta, el también socialista Emilio Pérez Toruiño, para rescatar los peajes de dos tramos de la autopista gallega AP-9, en concreto los que van de Vigo a El Morrazo y desde La Barcala a La Coruña. UPL considera que esta medida supone un «agravio comparativo» hacia los ciudadanos asturianos y leoneses.
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